Regulación profesional para garantizar confianza y certeza en la valuación inmobiliaria
Introducción
En distintos momentos, cuando se habla de la profesión del tasador, surge una pregunta que llama la atención de quienes no están familiarizados con el marco legal de la valuación inmobiliaria: ¿por qué no puede haber un número ilimitado de tasadores en el estado?
Una profesión con responsabilidad pública
El trabajo del tasador no solo consiste en calcular el valor de un inmueble. En realidad, sus dictámenes pueden influir en decisiones relevantes para particulares y autoridades, tales como:
- Determinación de valores para fines fiscales.
- Procesos administrativos relacionados con bienes inmuebles.
- Procedimientos legales o institucionales.
- Operaciones patrimoniales que requieren respaldo técnico.
Por esta razón, la ley considera a los tasadores como profesionistas que participan en actividades vinculadas con el interés público, lo que exige un control institucional sobre quién puede ejercer esta función.
Regulación para proteger la confianza del mercado
Otro objetivo importante de esta regulación es preservar la confianza en los avalúos hacendarios.
En el mercado inmobiliario, el valor de un inmueble puede influir en decisiones financieras, fiscales y patrimoniales de gran relevancia. Si los avalúos hacendarios no estuvieran respaldados por profesionales debidamente autorizados y supervisados, podrían generarse inconsistencias o conflictos que afectarían la seguridad de las operaciones.
Por ello, el sistema de nombramiento y control institucional permite que los tasadores actúen dentro de un marco normativo claro, supervisado por las autoridades correspondientes.
Conclusión
La limitación en el número de tasadores en el estado de Querétaro no responde a una medida restrictiva arbitraria. Se trata de un mecanismo legal diseñado para proteger la calidad, la imparcialidad y la confiabilidad de los avalúos inmobiliarios.
Al establecer requisitos profesionales estrictos y un sistema de nombramiento controlado por el Estado, la legislación busca asegurar que los tasadores cuenten con la preparación necesaria para desempeñar una función que impacta directamente en la certeza jurídica del patrimonio inmobiliario.
