La tasación inmobiliaria no es solo un trámite administrativo, sino una actividad de interés social y observancia obligatoria que regula la estimación del valor de los bienes inmuebles en nuestro estado. Sin embargo, la presencia de figuras informales, pone en riesgo la seguridad jurídica de cientos de ciudadanos al ofrecer servicios sin el respaldo legal necesario.
En Querétaro, el tasador es un profesionista de las ramas de ingeniería civil o arquitectura que cuenta con la facultad de emitir avalúos para determinar el valor comercial para fines hacendarios.
Mientras que un tasador certificado tiene la obligación legal de ejercer con rectitud y absoluta imparcialidad , la competencia desleal a menudo ofrece «ajustar» los valores para evadir impuestos o facilitar ventas fraudulentas. Además, una señal de alerta inconfundible es la omisión de la inspección física. Por ley, el tasador debe acudir personalmente al predio e inspeccionar directamente el bien inmueble; cualquier persona que ofrezca un dictamen sin realizar esta visita está operando fuera de la legalidad y su documento carece de validez oficial.
Las implicaciones de contratar a un falso tasador son severas y trascienden lo económico. De acuerdo con la Ley de Valuación Inmobiliaria, cualquier persona que se atribuya públicamente tal calidad y ofrezca servicios de valuación hacendaria sin contar con la autorización del Poder Ejecutivo será sancionada en términos del Artículo 235 del Código Penal para el Estado de Querétaro. Para el ciudadano, esto se traduce en el rechazo inmediato de sus trámites ante notarios y autoridades municipales, deteniendo procesos críticos como el traslado de dominio o la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
Para garantizar tu tranquilidad, es fundamental verificar siempre que el profesional se encuentre activo en el Registro Estatal de Tasadores, donde deben constar sus nombres, direcciones y número de registro actualizado
